Los contratos de Ana Botella que condenan la limpieza de Madrid se acercan a su fin

Los contratos de Ana Botella que condenan la limpieza de Madrid se acercan a su fin

El Gobierno de PP y Ciudadanos, dos partidos que hicieron una campaña contra la gestión del servicio por parte de la exalcaldesa Manuela Carmena cuando estaban en la oposición, se encuentran ahora con el mismo problema. Con el cambio de corporación, la suciedad sigue ahí y no la originó ni Carmena, entonces, ni ahora José Luis Martínez-Almeida. Los contratos blindados que han condenado la limpieza de la capital son obra del Ejecutivo de Ana Botella y, tras siete años de recortes, finalizan en julio de 2021. El equipo de Almeida quiere deshacerse de la herencia cuanto antes: no consumirá la prórroga disponible de dos años y publicará, si los planes no cambian, en los próximos meses los nuevos pliegos para concursar. De momento solo hay un compromiso conocido: incluir posibles crisis sanitarias en las cláusulas, según se acordó en los ‘Pactos de la Villa’.

El servicio, seguro, seguirá privatizado. Pero hay muchas maneras de externalizar. La fórmula que hoy está vigente, y que divide la ciudad en seis zonas gestionadas por diferentes contratistas, «es un absoluto desastre», aseguran los sindicatos. Los contratos no obligan a mantener un mínimo de personal y las plantillas menguadas terminan recogiendo solo «la basura amontonada» y las papeleras. «Éramos casi 6.000 trabajadores en 2013 y ahora somos 3.500. En el día a día eso significa que si antes tenías que limpiar tres manzanas ahora te corresponden seis», explica Daniel Gismero, responsable de Limpieza Viaria de CCOO Madrid y miembro del comité de empresa. El pago se vincula a los resultados a través de unos indicadores y, si las empresas no cumplen, el Ayuntamiento puede detraerles del presupuesto hasta un 20%. Calcular si los indicadores se cumplen o no es otro bache insalvable: los medidores forman parte de un «complejo sistema» –tal cual lo expone una sentencia del Tribunal Superior de Madrid– que favorece a las compañías si recurren las penalizaciones y obliga a volcar una gran cantidad de recursos en inspecciones municipales.

Fuente: elDiario.es

Katherine Tobar

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